viernes, 20 de octubre de 2017

Contestación de Ana María López Losilla a nuestro artículo sobre Diputación de Córdoba

En primer lugar, hace referencia usted en el blog a que el Ayuntamiento de Belmez, se hará cargo del canon de arrendamiento a ADIF de los terrenos de la vía Verde existente en este término municipal, entre el núcleo urbano y Cámaras Altas. Pues bien, los Ayuntamientos de Córdoba, Guadalcazar y la Carlota (términos municipales afectados por la Via Verde de la Campiña) también se harán cargo del canon correpondiente a cada uno de ellos y por tanto, lo tendrán que hacer con los recursos de los cordobeses, carloteños y guadalcaceños, ya que esta Diputación ha conveniado con ADIF, pero estos ayuntamientos, de acuerdo al convenio que se firmará en breve entre ellos y esta Corproación, lo ingresarán anualmente a esta Corporación. Con La Rambla no se realizará, porque la ocupación de la Via verde sobre este témino miunicipal es de tan solo 130 metros y a varios kilómetros del nucleo urbano de este municipio, con lo que su afectación sobre el mismo es mínima

Como quizás usted no conozca, ADIF, no quiere firmar con entidades municipales cuando una via verde transcurre por más de un término municipal, sino con entidades supramunicipales, y por ello Diputación ha firmado el convenio antes citado con el administrador de Infraestructuras, de la misma forma que se ha hecho anteriormente con otras entidades locales que así nos lo han pedido (lease Via Verde del Aceite Tramo IV). A su vez la Diputación se encarga de firmar un convenio con las entidades municipales afectadas por la via verde, por el que ellas se hacen cargo del pago del canon de arrendamiento y la Corporación provincial del mantenimiento y conservación de la Via verde.

Por tanto, esta Diputación provincial en las medidas de sus disponibilidades presupuestarias, se encarga del mantenimiento y conservación de las vias verdes de la Subbética, Aceite Tramo IV, La Mineria, La Maquinilla y Fuente del Arco, y próximamete La Campiña, sin hacerse cargo de ningún canon de arrendamiento de los terrenos que se encuentran en la traza, ni en el norte ni en el sur de la provincia, y repito, siendo los Ayuntamientos afectados los que se hacen cargo de ello.

En el caso, que nos ocupa, Via Verde de la Campiña, esta Corporación aprobó en Pleno este pasado mes de septiembre, la firma del convenio de arrendamiento con ADIF, así comoconveniar con los Ayuntamientos de Córdoba, Guadalcazar y La Carlota, para que se hagan cargo del citado canon, como podrá comprobar en la Actas de pleno ordinario de esta institución. Se espera pueda estar el convenio con estos ayuntamientos firmado el próximo mes de noviembre.

Por todo lo expuesto, ruego realice las oportunas aclaraciones en su blog, haciendo referencia a la auténtica situación y no a supuestos que usted hace y que no hacen honor a la verdad.

Para cualquier otra aclaración, no dude en ponerse en contacto con este Departamento. 

Respuesta del colectivo de La Maquinilla:

Estimada señora,  gracias por contestar a nuestro artículo. Se ve que, al menos, por una vez, hay alguien de su entidad que se ha  tomado la molestia  de dar algún tipo de  explicación  que justifique la inactividad  de Diputación en el proyecto de vía verde del Guadiato, si bien esperábamos que fuese su Delegada la que respondiera, como verdadera responsable.
Usted relata en su  respuesta que los municipios de Córdoba, Guadalcázar y la Carlota abonarán con posterioridad el dinero  que ustedes previamente pagarán  a ADIF. Permítame que dude tal aseveración  en base a la falta de compromiso  de los Ayuntamientos mencionados  durante el  primer convenio, firmado a principios de siglo, y la no renovación de éste por no hacer frente a las obligaciones del mismo,   lo que propició  un deterioro insostenible de aquella infraestructura  por casi  una década. Nuestro colectivo no pone  objeción a que   Diputación de Córdoba vuelva a ser  valedora y sostenedora de este proyecto por encima de unos municipios que han vivido despreocupados por estos espacios, tal como ha quedado demostrado por el estado actual de la Vía Verde de La Campiña, arriesgándose, si  fuera preciso, a  un nuevo y segundo incumplimiento de sus obligaciones.  Lo que nosotros denunciamos es que en nuestra zona nunca tuvimos tales facilidades, ni mucho menos segundas oportunidades.  Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Este doble rasero en la asistencia  de unas zonas con respecto a otras es lo que plasmamos con claridad en el artículo  y es el principal motivo por el cual todas las vías verdes previstas para Córdoba en 1998  por su ente   se hayan ejecutado todas, excepto la del norte.
En su misiva también justifica que ADIF sólo trata con entidades supramunicipales, no con municipios individuales para hacer este tipo de convenios. Usted debería saber como funcionaria del Área de Medio Ambiente  que la puesta en funcionamiento del tramo Belmez- Cámaras Altas, supondría la creación de una Vía Verde de 40km. Continua, lo que constituye  un motivo más que justificado para fomentar un convenio supramunicipal entre ADIF y los pueblos del Guadiato. Nuestros Ayuntamientos han  solicitado a su Delegación esta opción en varias ocasiones durante los últimos 7 años, circunstancia que ha sido ignorada. También sabe  que los convenios suscritos por ADIF con entidades supramunicipales son más baratos y menos  gravosos para las arcas municipales que un acuerdo individual, por todo lo cual, la firma de un convenio equivalente para los pueblos del Guadiato no sólo sería más barato sino que facilitaría la ejecución  del proyecto.
Como consecuencia de todo lo anterior,  el Ayuntamiento de Belmez se ha visto obligado  a  buscar un acuerdo propio con ADIF, no por egoísmo, sino porque no le ha quedado más remedio, para poder sacar adelante, una vez más sin  la  ayuda que si le brinda a otros,  un proyecto de vía verde supramunicipal,  del que si se beneficiarán 3 municipios cordobeses: Peñarroya-Pueblonuevo,  Villanueva del Duque y, lógicamente, Belmez. Esta falta de voluntad política  ha provocado que los belmezanos paguen el kilómetro de plataforma ferroviaria más caro que los municipios protegidos bajo ese tipo de acuerdo.
Habla de que hacemos supuestos equivocados. Simplemente nos atenemos a la verdad que emana de los hechos: 21 años sin la Vía verde del Guadiato y Los Pedroches no puede atribuirse  exclusivamente a la incapacidad de nuestras corporaciones municipales, sino que ustedes deberían pensar que en algo habrán  contribuido, con su acción u omisión, a este fracaso colectivo. Y así lo hacemos constar en nuestros escritos y actuaciones, de acuerdo con el derecho de libertad de expresión.
Jamás hemos puesto en duda que las cosas en Diputación se hagan legalmente. Sólo faltaría. Simplemente hemos tratado de significar que la  institución a la que usted quiere representar no es equitativa  en tanto que no aplica las mismas soluciones para los mismos problemas en función de la zona en la que se encuentran. En el artículo explicamos que lo que se firma en las mismas circunstancias para un  lugar debería valer para el nuestro y no se hace, con el agravante de que llevamos dos décadas esperando. Entendemos, por tanto, que Diputación de Córdoba vulnera el principio  de igualdad de oportunidades y que vuelve a pisotear unos derechos históricos adquiridos en base de las promesas hechas por los numerosos Delegados y Presidentes que pasaron por allí durante toso ese periodo.
En su escrito trata de justificar la legalidad con que actúa su corporación, que no cuestionamos, cuando lo que denunciamos es la ausencia de justicia, que es algo muy diferente. Lo legal no siempre es lo justo. Es un principio de la filosofía del derecho moderno.
Desde nuestro colectivo, antes que retractarnos, sólo podemos reiterar nuestra profunda decepción por la inadecuada gestión de una institución que después de 20 años continúa ignorando las legítimas aspiraciones de nuestra zona en materia de vías verdes y  a la que tenemos que añadirle con su comentario  la  ausencia total  de autocrítica.
Aún así, no perdemos la esperanza de que alguna vez  alguien allí  comprenda el lacerante desequilibrio  que se está perpetrando en esta zona con este asunto y que desee ponerle solución con interés y con verdadera voluntad.
No obstante, si desea contactar conmigo, estoy a su disposición en el teléfono  637544146, por necesita que le resolvamos alguna duda más.

Muchas gracias.
 


1 comentario:

  1. Un servidor público debe luchar en cada segundo por intentar ser ecuánime para con todos sus representados, es decir, toda decisión debe procurar que sea recta, justa e imparcial.

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