En
fechas recientes hemos conocido la noticia de que el Cerco Industrial
va a ser incluido en el listado BIC de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía en la categoría de Lugar de Interés
Industrial antes de que finalice el años 2017. Esta es la
culminación a un trabajo realizado por los
sucesivos equipos de gobierno municipales que han pasado por el Ayuntamiento peñarriblense desde 2004,
en el que se destaca la apertura del expediente en Delegación de Cultura en 2005 mediante la elaboración de un exhaustivo informe, la compra de los terrenos del Cerco
en 2010 y la resolución del mismo desde 2016. En este sentido,
informamos que el listado también incluye algunos edificios del
casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo y castilletes mineros, uno en el término municipal de Belmez y otro en el de Fuente Obejuna.
En
el lado negativo lamentamos la supresión en la lista por parte de Delegación de Cultura del Barrio
Francés, un conjunto que por su significado, valor histórico, y
las especiales amenazas de conservación que ciernen sobre él
debería encontrarse entre los primeros espacios a proteger en el
municipio. También han sido incluidos varios edificios e
infraestructuras ferroviarias tales como las estaciones de Peñarroya
tanto de ancho ibérico como de vía estrecha, así como el muelle de
transbordo. La Vía Verde de La Maquinilla, tras diversas
deliberaciones no ha sido tenida en cuenta por Delegación de Cultura
y, por lo tanto, no ha podido adquirir una categoría que si tienen
otras Vía Verdes Andaluzas como la Vía Verde del Guadiana. Pese a las notables ausencias en el listado, conocemos las innumerables gestiones realizadas por Isabel Payer, como responsable del informe final, por ampliarlo, un hecho que queremos agradecerle públicamente.
La
lógica decepción derivada de estas omisiones no debe impedirnos
reconocer que se ha dado un paso más, y quizá uno de los más
importantes hacia la conservación del Patrimonio Industrial de
Peñarroya-Pueblonuevo. Es por ello que, como colectivo que defiende
este legado, calificamos este acontecimiento de histórico.
La
categoría BIC supone para estos elementos el poder beneficiarse de
las ayudas económicas patrocinadas por el Ministerio de Cultura y
tener preferencia a la hora de concursar en convocatorias de apoyo a
la restauración establecidas por entidades como Diputación de
Córdoba y Junta de Andalucía. Tampoco es menor el nuevo y estricto
régimen sancionador que contempla multas y hasta penas de cárcel
para quienes cometan algún tipo de atentado o mal uso de éstos.
Fábrica de ácido sulfúrico. Fue expoliada por falta de vigilancia,
no por la ausencia de una protección administrativa
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Sin
embargo, todos debemos saber que la categoría BIC es una condición
necesaria para la conservación del área arqueológica del Cerco,
pero no suficiente si no lleva aparejado un conjunto de medidas
coercitivas y protectoras del sitio a nivel local. El territorio nacional está repleto de
casos de conjuntos históricos, los cuales, pese a que adquirieron
este “pedigrí” hace ya algunas décadas continúan siendo
expoliados como si no lo fueran. El ejemplo del Castillo de
Belalcázar es paradigmático en este sentido: siendo BIC desde 1985
ha tenido que esperar hasta 2016, es decir, 30 años, para recibir
las primeras ayudas no para la restauración, sino para evitar un más
que seguro desplome.
Es
por ello que el Consistorio peñarriblense bien haría en
aprovechar este título para presentar paralelamente un Plan de
vigilancia y protección del Cerco, debidamente coordinado con las
fuerzas de orden público y sociedad civil, un Plan que sería más
necesario que el propio BIC, por ser el verdadero garante de la
supervivencia del sitio histórico a la espera de la llegada de las
primeras inversiones, las cuales, en base a la experiencia que
tenemos, podrían tardar en llegar.
Conocemos
la limitación de medios que padece no sólo éste sino muchos
Ayuntamientos vecinos para hacer frente a los expoliadores en sus
respectivas áreas arqueológicas. Sin embargo, ello no justifica la
falta total de iniciativa en este sentido desde que fuera comprado en 2010. Todos tenemos el deber de
encontrar alguna alternativa eficaz para salvar el Cerco de la
desaparición, una solución que vaya más allá de los despachos.
El
BIC, en efecto, servirá para evitar por concepto maniobras
militares, la ejecución excavaciones mineras, las partidas de
airsoft y otras actividades alejadas del uso cultural así
como todas aquellas por las que el Cerco tristemente se hizo
famoso en los últimos años, pero desgraciadamente no servirá para
frenar el desmantelamiento rutinario perpetrado por nuestra gente,
unos atentados que a medio y largo plazo están siendo tan
perjudiciales o más que el resto de amenazas que se pretenden
neutralizar con la mencionada declaración de protección.
Antiguos Almacenes en primera fase de expolio
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La
ciudadanía tiene la obligación de saber que las aspiraciones
patrimoniales de Peñarroya-Pueblonuevo no terminan en el BIC o en
a ampliación de la lista de elementos incluidos en esta figura
legislativa, sino que empieza con él y con nuestra capacidad para
gestionar y cuidar debidamente lo que tenemos o lo que nos queda de
lo que teníamos. Aunque nos duela, tenemos que asumir que este
objetivo aún no lo hemos logrado, entre otras razones porque jamás
lo hemos intentado.
Queríamos
un BIC para el Cerco y lo tenemos 12 años después. Felicitémonos,
pues, por ello, como también felicitamos a nuestro gestores públicos
por su trabajo. Luchemos ahora, aunque sea tarde, con el mismo ahínco
por la creación de un Plan para su vigilancia y conservación con
los medios que tenemos, que no son muchos, asumiendo que podemos
fracasar en el intento. Pero intentémoslo. El problema de
conservación del Cerco permanecerá mientras no entendamos que su
salvación no depende del BIC sino de un cambio de actitud general
de los que aquí vivimos y de quienes nos gobiernan, entendiendo por
éstos a funcionarios públicos y a quienes ocupan un puesto en el salón de
plenos, sea del partido que sea.
Enlaces relacionados:
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